El comisario Elí Sobrevilla lleva un colgante con su anillo de bodas y el cascabel de una serpiente a la que mató por superstición en mayo de este año, durante una temporada que define como “tiempos difíciles”. Para entender qué significa esa expresión en boca de un habitante de Xochipala hay que saber que la comunidad está en la sierra del Estado de Guerrero, justo en la entrada de una de las principales carreteras de la heroína de México, y que el humor popular llegó a rebautizarla como Xochibala. Que hace unos años se publicó un vídeo en Facebook donde se veía a Isaac Navarrete, el jefe del Cartel de la Sierra, uno de los grupos criminales de la región, dirigiendo una reunión en la comisaría como si se tratara del alcalde. Los lugareños presentes en esa reunión —más de una decena, según testimonios— fueron secuestrados. Dos siguen desaparecidos. Y también hay que saber que, en la mañana del 4 de octubre de 2017, unos hombres armados llegaron en furgonetas a las fiestas patronales del pueblo y mataron a dos personas. San Francisco de Asís no tuvo quien lo celebrara durante los siguientes años.

“Lo que sufrimos fue una guerra por la ruta de la amapola porque aquí no había nada”, dice el comisario Sobrevilla. Históricamente, la comunidad se ha dedicado a la agricultura, la ganadería, la construcción, la recolección de chapulines y a migrar a Estados Unidos. Ahora, asegura, “se viene una por el oro”.  

Es una mañana de junio de 2021 y la millonaria maquinaria de Equinox Gold, la multinacional canadiense que explota las tierras comunales de Xochipala, está parada en la cima del cerro de Guadalupe. El viento y la lluvia golpean la estructura de lámina en la que una decena de pobladores pasará la noche para hacer su turno en un paro que va a cumplir un mes. Es el segundo plantón de los habitantes desde que, en 2019, los 155 comuneros del pueblo firmaron un convenio de arrendamiento con la multinacional para que pudiera extraer oro de estas cincuenta hectáreas, que parecen mordidas por las fauces de un monstruo mitológico. 

En el camino de dos horas desde el zócalo de la comunidad hasta la mina a cielo abierto, la mayor parte por terracería, los vehículos se cruzan con el agua color ocre que baja por una ladera cubierta de más de mil plantas a las que la tradición atribuye propiedades medicinales, los muros a medio construir en la zona de desagüe de la mina y los túneles con números y “X” pintadas en rojo que siguen el rastro brillante del oro. Jaime Bello, el comisariado de los bienes comunales de Xochipala, dice que el viento ha cambiado con la destrucción de los cerros y que las sequías son más largas. Cuando mira la deforestación, se lamenta de que las tierras nunca se recuperarán.

Pero el centro de la protesta no es el impacto ambiental.

Los pobladores denuncian que la empresa ha incumplido su palabra de trabajo para Xochipala. En un inicio, según las autoridades locales, prometieron 250 puestos, luego 100; hoy, solo 14 personas de la comunidad trabajan en la mina. También reclaman que Equinox Gold está explotando otras 100 hectáreas que, de acuerdo con el convenio, solo puede explorar. La diferencia entre explorar y explotar es pagar unos cuatro mil pesos por hectárea o pagar más de 220,000. Es una especie de lucha contra un gigante para que la destrucción inevitable valga algo la pena.

Xochipala es, hasta ahora, la última comunidad que ha permitido a las multinacionales explotar sus tierras en el conocido como Cinturón de Oro de Guerrero, una región que cruza cuatro municipios del Estado y en la que operan dos mineras canadienses: Torex Gold y Equinox Gold. En la primera década de este siglo, los representantes de las empresas llegaron a la zona con una promesa de progreso: la riqueza bajo tierra sacaría a la región de la pobreza y el olvido.

Guerrero es hoy el segundo Estado que más oro produce en México, el octavo mayor productor del mundo. Cuando las mineras empezaron sus operaciones en el Estado, la onza de oro rondaba los 650 dólares; este año se mantiene por encima de los 1,800. El mineral ha sido un refugio de estabilidad en los mercados internacionales durante la crisis de 2008 o ahora en la pandemia. La inversión extranjera en la minas de México ha sido de unos 16,000 millones de dólares en la última década, pero el flujo de dinero en los pueblos guerrerenses que se sumaron a la fiebre del oro ha sido una promesa envenenada: desplazamientos, secuestros, extorsión, asesinatos, desapariciones y reclutamiento. Si con la droga había control y tránsito para exportar un producto, con el oro ha habido una ocupación para exprimir los dividendos que las minas dejan en el territorio.  

Xochipala ha visto lo que les ha ocurrido a sus vecinos. Aun así decidió permitir que perforaran sus tierras.

— ¿No tienen miedo de acabar como otros pueblos vecinos?

— Todo es peligroso—, dice Elí Sobrevilla.   

Después de la negativa de Equinox Gold a las solicitudes para conocer su versión y visitar las minas, el recorrido de este día de junio hasta las tierras comunales de Xochipala hubiera sido imposible sin la autorización del grupo criminal que controla este territorio. Aun así, las comunicaciones por teléfono son constantes y nos acompaña un hombre con una AK-47 colgada en el cuello y una pistola en el bolsillo.

“Está la Constitución y luego está la realidad”, dice el comisario.

En lo alto del cerro, mientras fuma un cigarrillo que parece minúsculo en sus enormes manos y observa el barranco, Sobrevilla cuenta el final de una historia sobre cómo él aprendió la diferencia entre ideas y hechos. 

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Después de 15 años en Phoenix, Arizona, regresó a Xochipala con los ahorros conseguidos en la construcción. Compró tierras y hasta 150 cabezas de ganado para “no trabajar nunca más para nadie”. No tardaron en extorsionarlo. La primera vez pagó 100.000 pesos, dice. La segunda, 200.000. En la tercera, en enero de 2014, recuerda que estaba con su hija pequeña en el salón de su casa cuando irrumpieron unos hombres armados con fusiles. Su primera reacción fue agarrar su pistola, pero desistió. Lo metieron en la cajuela de una furgoneta. Desde allí le escribió un Whatsapp a un amigo para que avisara del secuestro a un retén militar cercano. Elí Sobrevilla asegura que el mensaje llegó, pero que el Ejército no hizo nada. El trayecto acabó en una pequeña casa en un cerro. Para soltarlo, le pedían medio millón. Ni podía ni quería pagar otra vez.

Un día, cuenta, llegaron a la casa de seguridad un padre y su hijo. El padre no había pagado su cuota al grupo criminal. El hijo fue asesinado primero. Cuando le tocó el turno a Elí Sobrevilla lo pusieron de rodillas a la orilla de un barranco. Aquella vez, dice, la diferencia entre estar vivo o morir fueron tres segundos. En el primer segundo tomó la decisión, en el segundo se lanzó al vacío, en el tercero cerró los ojos. Sólo escuchó los disparos. En el vuelo sintió un impacto de bala. Se sujetó de la rama de un encino y se quedó colgado ahí unos segundos. Eso amortiguó la caída. Se quitó los zapatos para evitar el ruido al pisar las hojas secas. Los moretones de los ojos provocados por las palizas se los pinchó con una hoja de agave. La hemorragia de una herida de bala en la barriga, que ahora muestra, la mitigó con la resina de una palma. Caminó dos días por la sierra hasta llegar al hospital de Chilpancingo, la capital de Guerrero, a unos 50 kilómetros de Xochipala.

Elí Sobrevilla dice que cuenta esta historia porque todos los involucrados están muertos o en la cárcel. El grupo criminal que controla este territorio ha cambiado desde aquella época. Ahora son los Tlacos, liderados por Onésimo Marquina. En alguna de las páginas de Facebook de la región al propio comisario lo han acusado de tener vínculos con ellos. Él lo niega. Dice que algún conocido sí, pero que él no es responsable de lo que hagan sus conocidos. En Guerrero hay un dicho: todos tienen un familiar migrante y otro narcotraficante. Elí Sobrevilla dice que solo “intenta hacer bien por el pueblo, porque nadie de fuera lo va a hacer”. Para eso sigue su código para sobrevivir entre la Constitución, la realidad y la violencia.

Estos son algunos de sus aprendizajes: 

“El problema es cuando hay varios grupos, si hay uno solo no hay con quien pelear. Pero eso no quiere decir que haya seguridad, sino más tranquilidad”.

“Antes los grupos se peleaban entre sí y uno no tenía que ver. Ahora los pueblos son escudos. Y los pueblos también se están armando”.

“Nos guste o no nos guste todo depende del reglamento, porque, aunque no lo veamos, todo está reglamentado. Hay que evitar malentendidos”.

“Hay que hacer amigos, no enemigos. Pero son amigos para sobrevivir, no para tener al lado”.

Al final de la tarde, cuando regresamos al zócalo de Xochipala, se está celebrando una despedida de soltera. Decenas de personas, algunas disfrazadas, acompañan una comparsa. Elí Sobrevilla y Jaime Bello abren dos latas de cerveza satisfechos. Para un pueblo en el que hasta hace poco no había fiestas patronales y sí noches con calles vacías, esta temporada no se siente como tiempos difíciles. En lo alto del cerro, el paro durará algo más de dos meses. El 30 de julio, la maquinaria de Equinox Gold volverá a funcionar. 

‘No podíamos imaginar las consecuencias’

Cuando escuchó por primera vez que en Carrizalillo había buscadores de oro, su imaginación, la de una estudiante de diez años de cuarto de primaria, dibujó aquella historia como una escena de Indiana Jones. Yessi, a la que llamaremos así por motivos de seguridad, lo cuenta con una sonrisa amarga.

Su segundo recuerdo es el de una adolescente de 13 años que en 2007 se sintió orgullosa de que 500 habitantes bloquearan durante 83 días a Gold Corp, una de las mineras más grandes del mundo, hasta conseguir un pago de 13 millones y medio de pesos al año por explotar las minas Los Filos-Bermejal en las tierras comunales del pueblo.

Los siguientes son el de Gilberto Celso Solís, secuestrado y cortado en pedazos en 2012; el de un ejército de hombres armados en marzo de 2015, cinco días antes del pago anual por las tierras, que mataron a tres personas, incluida una señora de 80 años; el de fachadas baleadas y el de las instrucciones de su madre de cerrar la puerta y hablar solo lo justo con los vecinos.

El último recuerdo es el del desplazamiento forzado. A sus 27 años, Yessi hace tiempo que vive con sus tres hijos lejos de ese pueblo que en su niñez imaginó con un futuro dorado.

El camino que ha iniciado Xochipala lo conocen bien los habitantes de Carrizalillo, una comunidad vecina a solo 20 minutos. Si Xochipala firmó un convenio hace dos años por 150 hectáreas, en Carrizalillo la actividad minera se ha convertido en un sinónimo del pueblo desde hace 15 años. “Cuando conocí la comunidad en 2008 me impresionó el bocado que en un año la mina le había metido al cerro. Les dije que esta madre se los iba a comer enteros, pero no sabíamos nada de minas y no podíamos imaginar las consecuencias”, dice un integrante de la Red Mexicana contra la Minería (REMA).

En menos de un año desde el inicio de la explotación, según los datos de esta organización, 55 personas murieron en Carrizalillo por intoxicaciones de metales pesados, 17 menores de edad. Se sucedieron los partos prematuros y las malformaciones. Familias enteras enfermaron. El 66% de la población presentó algún problema de salud relacionada con la mina. El agua se contaminó con arsénico y empezó a escasear. Una familia de Carrizalillo gasta hasta 100,000 pesos al año en agua embotellada. Otra parte importante de las rentas que deja la mina se esfuman en tratamientos de salud.

“Hubo una niñita que nació con los dedos de los pies pegados e incompletos, sin un pulmón y un riñón. Vivió ocho meses. Hay otro compañerito que tiene casi diez años, que nació sin una parte del cerebro. Su hermano nació con pigmentación en la piel. La mamá ha intentado tener otras tres niñas. Las tres, prematuras, fallecieron en el parto”, cuenta el miembro de REMA.

Y, en 2012, llegó la ocupación.

Según los registros de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), el primer grupo criminal en llegar al pueblo fue el de Los Rojos, después los Guerreros Unidos y, actualmente, al igual que en Xochipala, Los Tlacos, una escisión de los primeros.

Uno de los entrevistados sobre la evolución de la violencia en Carrizalillo —que habló, al igual que todos, con la condición de mantener el anonimato—, define el proceso como “sometimiento por ADN”. Los testimonios hablan de casas abandonadas, de secuestros y violaciones de mujeres que fueron devueltas a sus casas con cuatro meses de embarazo para que no pudieran abortar. De niños que jugaban con los mismos adultos a los que, de adolescentes, ya reclutados por el crimen, amenazaban de muerte mientras sus propias familias estaban amenazadas de muerte si no cumplían el encargo. De sicarios guardando día y noche las casas de las autoridades. De una extorsión que comienza solo por el hecho de vivir en el pueblo.

“El crimen establece un sistema de diezmos: si tienes una tienda, si tienes un taxi, si eres ejidatario y recibes una renta, si eres trabajador, si tienes una concesión de una pipa de agua o un camión de basura, pagas. Si eres varias cosas, pagas por todo”, dice otro integrante de REMA. “La mina también paga, muchos millones, pero nunca hemos sabido cuánto”.  

El mismo día en que visitábamos Xochipala, los trabajadores de la minera en Carrizalillo, también de Equinox Gold, comenzaron un paro. La mañana siguiente subimos hasta la puerta principal de la mina. Por el camino, un silbatazo desde la cuneta anunció nuestra llegada. El grupo de trabajadores ni siquiera quiso hablar del motivo de su protesta (el pago de un bono que la empresa les debía). Había pasado poco más de medio año desde el anterior plantón. En esa ocasión, los ejidatarios se habían sumado para reclamar el cumplimento del convenio. El paro comenzó en septiembre. Durante octubre, dice uno de los presentes, empezaron a recibir grabaciones de los Tlacos. En una de ellas les dijeron: “Ya los van a escuchar, ahí va el fiscal, pero si no levantan el paro bajo yo a levantarlos a chingadazos”.

“¿Qué hacía metido ahí un fiscal en vez de investigar secuestros y asesinatos?”, se pregunta la misma fuente.

Cuenta que un helicóptero aterrizó delante de la protesta. En su interior iba un representante de la minera y un fiscal. El paro se levantó al día siguiente.

‘¿Quieren negocio? Nosotros también’

Si alguien conduce desde Chilpancingo por la carretera federal que une Ciudad de México y Acapulco, a su mano izquierda se ubican Xochipala, Carrizalillo, Mezcala y Nuevo Balsas, las cuatro minas principales del Cinturón de Oro de Guerrero. A la derecha está la región nahua, donde la sierra luce un verde intenso en esta temporada de lluvias. Es 20 de junio, Día del Padre, y Juventina Ascencio —como fue registrada en honor a su madre—, o Axel —como fue bautizada por la promesa de su padre a un amigo—, señala desde el patio de su casa el cerro de su comunidad, San Juan Teltencingo: “Todo está lleno de oro”.

Juventina Ascencio, de 46 años, habla rápido —siempre que puede en náhuatl—, sonríe con facilidad y es una anfitriona atenta, pero en su tono se percibe el carácter de una persona acostumbrada a la lucha. Después de huir una noche de casa cuando era una niña y vivir en Cancún, regresó a su comunidad y se convirtió en la primera mujer en tener un cargo en la comisaría del pueblo.

Su padre, que ahora se resguarda del sol bajo la sombra de un árbol, a principios de los 90 marchó descalzo y lideró la oposición contra el primer megaproyecto que intentó asentarse en la comunidad: una hidroeléctrica del Estado. En 1996, San Juan Telencingo se negó a que la minera Peñoles explotara sus tierras. Luego se opuso a la construcción de una pista de carreras de General Motors. En 2016, las mineras canadienses hicieron un nuevo intento para entrar a las tierras del pueblo.

Así transcurrió aquella reunión, según Juventina: “Nos dijeron que iban a generar empleo, riqueza. Pero se supone que somos pobres y nos van a llevar las riquezas. Les dije que vamos a hacer negocio. Nos dijeron que van a poner hospital, carreteras… para que entre su maquinaria. Todavía no había pavimentación. Les dije: ‘Es muy bonito lo que están diciendo, pero yo no voy a permitir que nos vengan a saquear más. ¿Quieren negocio? Nosotros también. Vamos a hacer al revés. Mi propuesta es esta: ustedes la van a trabajar y el 99.9% de ganancia se va a quedar aquí y nosotros vamos a administrar. Y construyan el hospital, la carretera, la cancha… y no queremos contaminación, ya verán cómo le hacen’”.

Para Juventina Ascencio, el oro es un adorno que utilizaban sus antepasados, nada más. El Estado, un usurpador de tierras. El narco, el otro gran negocio de la región, algo que sirve a algunos, pero sobre todo sirve para el mal.

Hace unos años, un grupo armado llegó a la región. La policía comunitaria ya estaba instaurada. Juventina Ascencio no quiere dar detalles por seguridad, pero el resumen de su historia es este: hasta San Juan llegó el rumor de que dos camionetas con hombres armados habían secuestrado a dos niños de kínder en dos pueblos aledaños y se acercaban a la comunidad. Cuando las furgonetas llegaron, en la carretera esperaban 400 personas armadas. Lo único que cuenta Juventina es que, igual que las mineras, les hicieron la misma oferta que el narco suele hacer. Ese día, dice, San Juan mandó un mensaje claro: el único dueño de sus tierras es el pueblo.